MATERIAL Muchos aficionados españoles ya compran sus bicicletas en Portugal

La compra de bicicletas en Portugal se dispara por el ahorro fiscal

La compra de bicicletas en Portugal se dispara por el ahorro fiscal

La diferencia impositiva entre España y Portugal ha generado un fenómeno creciente entre los aficionados al ciclismo, especialmente en regiones como Navarra. Mientras que en España la adquisición de una bicicleta está sujeta a un tipo general de IVA del 21%, el Gobierno portugués aplica un tipo reducido del 6%. Esta brecha de 15 puntos porcentuales se traduce en ahorros significativos que, en modelos de alta gama, pueden superar los 1.000 euros por unidad.

El impacto de la fiscalidad en el sector del ciclismo

La decisión de Portugal de reducir el IVA no solo afecta a la venta de bicicletas nuevas, sino también a los servicios de reparación y mantenimiento. Esta estrategia busca fomentar la movilidad sostenible y ha posicionado al país luso como el principal fabricante y vendedor de bicicletas en la Unión Europea. Para un ciclista que busca una bicicleta de 6.000 euros, la diferencia de precio final entre ambos países es de aproximadamente 900 euros, una cifra que justifica el desplazamiento incluso desde el norte de la península.

La industria española ante la falta de incentivos

Desde asociaciones como la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), se ha reclamado de forma recurrente una armonización fiscal que permita a las tiendas nacionales competir en igualdad de condiciones. La falta de una reducción del IVA en España, sumada al incremento de costes logísticos, está provocando un trasvase de clientes hacia tiendas portuguesas, afectando directamente al tejido industrial nacional.

Imagen noticia ciclismo

Aspectos técnicos de la compra intracomunitaria

Es importante destacar que, para los consumidores particulares, la compra se realiza pagando el IVA del país de origen (Portugal), lo que simplifica el proceso de ahorro directo. Sin embargo, este flujo de capitales hacia el mercado luso supone un reto para las marcas distribuidoras en España, que ven cómo sus previsiones de venta se ven alteradas por la "competencia fiscal" de un país vecino dentro del mercado único europeo.

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